Enero de 2010 se convirtió en el mes más sangriento del sexenio calderonista al terminar con 904 ejecuciones, esto según el conteo de Milenio Diario. Mientras tanto, Calderón presumió en Japón, mediante un artículo publicado en el diario The Japan Times, los “severos golpes” que su administración ha propiciado al crimen organizado. Parece que el mandatario tiene un ojo de buey que le permite ver más allá de lo que percibimos los mexicanos.
Quien sí a ha sufrido unos fuertes golpes es la PGR. Primero: ante la negativa del ombudsman nacional, Raúl Plasencia, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las bodas gay en el DF, el procurador de la República, Arturo Chávez, tuvo que presentar dicha acción; dicen que la orden vino desde Los Pinos. Esto dejó a la dependencia Federal expuesta a un fuego cruzado de señalamientos que no tardó en llegar, donde los únicos que los respaldan son la iglesia católica y el colegio de abogados católicos, mientras que medios de comunicación, intelectuales, organizaciones civiles (sobre todo las protectoras de los derechos humanos) y diversos sectores de la población no han parado de criticar el recurso presentado ante la Suprema Corte, pues su principal argumento es el bienestar supremo de los niños. Si están tan preocupados como dicen, ¿por qué no mejor investigan los casos de pederastia entre clérigos? ¿Por qué no meten a la cárcel a los dueños de la Guardería ABC? ¿Por qué no investigan el caso Casitas del Sur?
El segundo golpe se dio cuando hace unos días dejaran libres a 12 de los 25 ex mandatarios michoacanos que fueron encarcelados en el CERESO estatal luego de que la PGR los acusara, el 26 de mayo pasado, de nexos con el crimen organizado. Ahora los perredistas acusan, y con toda razón, que el operativo que se bautizó extra oficialmente como “michoacanazo” tenía tintes políticos y sólo buscaba desprestigiar al gobierno estatal, pues se dio en los albores de las elecciones federales intermedias. La dirigencia local del partido del Sol Azteca, encabezada por Fabiola Alanís, y apenas también el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien (hay que recordarlo) tiene un hermano (Julio César Godoy) prófugo de la justicia luego que la SSP lo vinculara con La Familia, han exigido al Gobierno Federal una disculpa pública. Y es que los mandatarios fueron linchados mediáticamente.
Y qué me dicen de esta nota que se publicó en El Universal: La PGR no sólo apoya la acción de inconstitucionalidad que restringe las facultades de órgano local de transparencia de Campeche, también ha iniciado una serie de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir diversas órdenes que le ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En las últimas semanas la PGR ha recibido más golpes que el crimen organizado.
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